A fin de otorgar alivios económicos a una gran cantidad de entidades y de preservar el empleo, el gobierno nacional ha emitido una serie de medidas de orden financiero y ha establecido un régimen especial para el rescate empresarial. Descubre en ContArte en qué consisten.

Por Juan David Hernández, asistente de investigación técnica del INCP

A raíz de la contingencia generada por la pandemia covid-19 y lo que ha representado en materia económica para gran parte de las empresas del país, el gobierno nacional –en cabeza de la Superintendencia Financiera– ha emitido una serie de disposiciones y medidas que buscan facilitar el acceso a recursos y establecer facilidades de pago de los créditos prexistentes. A continuación, se presenta una síntesis de estas:

Circular externa 0007 de 2020

Los establecimientos de crédito deben establecer políticas y procedimientos efectivos para identificar a los clientes que serán objeto de la aplicación de medidas especiales, dando prioridad a aquellos que se encuentren en sectores determinados como de especial atención por el gobierno nacional. Como mínimo, deberán:

Respecto a las tarjetas de crédito y créditos rotativos los periodos de gracia que se establecen no implican un cierre de los cupos aprobados, salvo algunas excepciones.

Circular externa 0008 de 2020    

Promueve el desarrollo de planes de acción de corto y mediano plazo previniendo que la contingencia se extienda y se resalta la importancia tanto del uso de canales digitales para la prestación de los servicios, como del fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, controles de ciberseguridad, capacidad de monitoreo y atención a los consumidores.

Circular externa 0009 de 2020

Establece indicaciones para focalizar los esfuerzos en la definición e implementación de acciones de mitigación efecto de la coyuntura de los mercados financieros y la situación de emergencia sanitaria, por las entidades financieras vigiladas.

Circular externa 014 de 2020

Imparte instrucciones para mitigar los efectos derivados de la coyuntura por la emergencia sanitaria, en materia crediticia. En este sentido se determinó que las entidades que, conforme a lo dispuesto en la Circular externa 0007 descrita anteriormente, realicen modificaciones a las condiciones de sus créditos, deberán estructurarse bajo las siguientes características:

Los cambios en las modalidades de crédito y el otorgamiento de periodos de gracia o prórrogas, así como los cambios a las condiciones del crédito deben ser informados en cualquier momento a los consumidores financieros mediante cualquiera de los medios a través de los que se comunican con estos, previendo la posibilidad de que el consumidor pueda rechazar las nuevas condiciones.

Circular externa 015 de 2020

Establece que los recursos de las transferencias del programa ingreso solidario son inembargables y no pueden ser abonadas a ninguna de las obligaciones que el beneficiario tenga con alguna de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, por medio de la que se realiza la transferencia.

De igual manera, se prohíbe a las entidades bancarias cobrar cualquier tipo de tarifa o comisión por las transferencias de este programa. El incumplimiento de esta prohibición por una entidad vigilada le hará acreedora de las sanciones establecidas en el artículo 208 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

Las transferencias del programa ingreso solidario, al ser consignadas en la cuenta del beneficiario, no pueden ser objeto de un débito automático por valores correspondientes a obligaciones u otros conceptos pendientes del beneficiario. Si la entidad realiza dicho débito automático, debe reintegrar el valor correspondiente a más tardar en el día hábil siguiente.

Decreto 560 de 2020 – Régimen de rescate empresarial

Este decreto emitido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el cual tendrá una vigencia de dos años, establece los lineamientos para la creación de un procedimiento de emergencia para la recuperación empresarial con el fin de aliviar las necesidades de una gran cantidad de compañías afectadas por la crisis económica.

Las medidas que se describen es esta norma solo aplican a los deudores sujetos al Régimen de Insolvencia previsto en la Ley 1116 de 2006, y el proceso de insolvencia solo se puede solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, un juez civil o las cámaras de comercio.

Las principales medidas se enfocan en los siguientes pilares:

1. Negociaciones expeditas

Se trata de trámites Fast-Track, que le permiten al deudor reorganizarse de modo que evite el uso del mecanismo tradicional de reorganización empresarial que demora cerca de 20 meses. El decreto incorpora dos nuevas herramientas en este contexto:

2. Mecanismos extraordinarios de alivio financiero y reactivación

Se crean los siguientes mecanismos extraordinarios de salvamento para la protección de la empresa, el empleo y el crédito:

3. Beneficios tributarios

El Decreto 560 de 2020 les otorga los siguientes beneficios tributarios temporales (hasta el 31 de diciembre de 2020) a las sociedades en procesos de reorganización o en proceso de ejecución del acuerdo:

4. Suspensión de normas

El decreto suspende algunas normas y obligaciones legales a fin de preservar las organizaciones y de mantener el orden público, como la suspensión de la causal de incapacidad de pago inminente. Esta suspensión evita que todas las compañías ingresen al régimen de insolvencia.

Por otra parte, para dar tranquilidad a las entidades que están negociando acuerdos de reorganización, se suspende el trámite de liquidación por adjudicación.