A nivel internacional se han desarrollado esfuerzos para combatir los diferentes actos de corrupción, tales como el soborno transnacional, delito del cual se ha buscado su prevención y represión. Conoce hoy en ContArte qué es y cuáles son las sanciones aplicables.

Por: Juan David Hernandez, asistente de investigación técnica del INCP.

¿Cuándo se presenta un delito de soborno transnacional?

De acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio, un soborno transnacional ocurre cuando un nacional o persona con residencia habitual en el país que tengan empresas con domicilio en Colombia, de, prometa u ofrezca directa o indirectamente a un servidor público de otro Estado, cualquier dinero, utilidad u objeto de valor pecuniario, a cambio de que dicho funcionario realice u omita alguna acción o procedimiento en el ejercicio de sus funciones relacionadas con alguna transacción económica o comercial.

Se entiende como servidor público extranjero todo aquel que desempeñe un cargo legislativo, administrativo o judicial en un Estado, sus subdivisiones políticas o autoridades locales, o una jurisdicción extranjera.

El delito de soborno transnacional ha recibido algunas modificaciones de carácter sancionatorio y otras no estructurales, que fueron consignadas en las leyes 1474 de 2011 y 1778 de 2016 respectivamente.

Algunas de estas modificaciones fueron:

Ley 1474 de 2011

Ley 1778 de 2016

El artículo 20 de esta ley establece que a fin de realizar las investigaciones administrativas que permitan identificar casos de soborno transnacional, la Superintendencia de Sociedades podrá:

Esta ley también estipula que las personas que realicen actos de soborno transnacional incurrirán en una pena de prisión de 9 a 15 años, serán inhabilitados para ejercer derechos y funciones públicas. De igual manera, serán sancionados económicamente quienes cometan este delito, por un valor que puede variar entre 650 y 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Respecto a las sanciones para las personas jurídicas que cometen el delito por medio de sus empleados, administradores, asociados o contratistas, se aplica el régimen sancionatorio especial que para tal efecto dispone la Superintendencia de Sociedades. Este régimen especial comprende las siguientes sanciones:

  • Multas de hasta 200.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
  • Inhabilidad para contratar con el Estado colombiano por un término hasta de 20 años.
  • Prohibición para recibir cualquier tipo de beneficio, incentivo o subsidio de parte del gobierno nacional por un término de 5 años.
  • Publicación de un extracto de la decisión administrativa sancionatoria en medios de amplia circulación y en la página web de la persona jurídica involucrada, por un periodo de máximo 1 año.

A fin de realizar acciones de carácter preventivo y no únicamente represivo y sancionatorio, el artículo 23 de la citada ley, establece el deber de la Superintendencia de Sociedades en cuanto a la promoción de programas de transparencia y ética empresarial en las personas jurídicas que son objeto de su vigilancia. Para dar cumplimiento a esta responsabilidad, tendrá en cuenta criterios de clasificación tales como: el monto de sus activos, sus ingresos, el número de empleados y objeto social.

De igual manera, la Supersociedades emitió la circular 100-000003 del 26 de julio de 2016, mediante la cual se presenta una Guía para poner en marcha los programas de ética empresarial para la prevención de las conductas previstas en el artículo 2 de la Ley 1778 de 2016.

La Guía presenta las instrucciones administrativas relacionadas con la promoción de programas de transparencia y ética empresarial, así como de los mecanismos internos de auditoria, anticorrupción y prevención del soborno transnacional, en el contexto de la citada ley, proporcionando de esta manera herramientas útiles para la elaboración y puesta en marcha de los programas y mecanismos mencionados anteriormente por parte de las personas jurídicas.

Acuerdos internacionales

El soborno transnacional y otros actos de corrupción afectan la confianza que brindan los Estados y las empresas, afectando el desarrollo y el crecimiento económico de las naciones. Por tal razón algunos Estados, con el objeto de luchar contra estos actos ilícitos, han venido desarrollando herramientas y mecanismos de prevención y represión de los mismos.

Colombia ha sido parte de esta iniciativa mediante la expedición de la anteriormente mencionada Ley 1778 de 2016, la cual fue desarrollada como resultado de una serie de acuerdos internacionales que fueron aprobados por el Congreso de la República, que buscan combatir los delitos de corrupción y cohecho, de parte de servidores públicos extranjeros en operaciones de comercio internacional. Algunos de los principales acuerdos suscritos por nuestro país en esta materia fueron: la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos, en 1997; la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) en 2005 y la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, en 2012.